A días del Ni Una Menos, un femicida condenado a perpetua fue beneficiado con prisión domiciliaria en Neuquén. La Asamblea de Mujeres y Disidencias de Junín de los Andes acompaña a la familia de Mabel Mena y denuncia lo que el sistema judicial no quiere ver.
Una semana después de ser declarado culpable por el femicidio de Mabel Mena, Jorge Linco fue beneficiado con prisión domiciliaria en una vivienda del paraje El Sauce, en las afueras de Junín de los Andes (Neuquén), por decisión de las juezas Carolina González y Laura Barbe. La medida fue tomada apenas días después del femicidio de Agostina Vega, asesinada por Claudio Barrelier, quien había recuperado la libertad tras permanecer detenido durante 20 días por un episodio de violencia contra otra mujer.
Aunque resulte imposible saber qué habría ocurrido en otro escenario, es probable que Agostina siguiera con vida si la Justicia no hubiera autorizado la excarcelación de Barrelier mediante el pago de una fianza. La pregunta, entonces, vuelve a imponerse: ¿quién asume la responsabilidad de decisiones judiciales que terminan costándole la vida a una mujer cada 31 horas?
“A días del Ni Una Menos, nos encontramos con un femicida suelto porque se le otorgó la domiciliaria a Jorge Octavio Linco, a pesar de que un jurado popular lo encontró culpable de femicidio y lo condenó a prisión perpetua”, denunció Paula, integrante de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de Junín de los Andes, en el programa Después de la Deriva.
El 7 de junio de 2025, Linco hirió con un arma blanca a un hombre identificado como M.D.G.T., provocándole una lesión abdominal. Luego atacó a Corina Mabel Mena con una puñalada en el tórax que le perforó el corazón y le causó la muerte.
“Cuando Mabel llegó al hospital ya no había manera de ayudarla. Para evitar una condena más severa, la defensa argumentó que Linco no era consciente de sus actos. Eso es completamente falso. Después de asesinar a Mabel y herir a la otra persona, se dirigió a su domicilio, evitó las cámaras de seguridad para no ser detectado por la policía caminera, limpió el cuchillo, pidió un taxi y llamó a su hermana para decirle que ‘se había mandado una cagada’. No hay dudas de que sabía perfectamente lo que había hecho”, sostuvo Paula.
La Asamblea de Mujeres y Disidencias, que acompaña a la familia de Mabel, denunció además que “durante todo el proceso se revictimizó a la familia” y advirtió sobre los riesgos de la prisión domiciliaria. “La vivienda donde Linco cumpliría la medida está en medio del campo, a menos de 20 kilómetros de la frontera con Chile. Eso nos mantiene en alerta porque ya intentó fugarse”, señalaron.
Otro factor que preocupa es la cercanía de la feria judicial. Según Paula, “si esta domiciliaria no se revierte rápidamente, podría pasar mucho tiempo fuera de la cárcel”.
Más allá de las razones particulares que llevaron a las juezas Carolina González y Laura Barbe a conceder el beneficio, la activista consideró que la decisión se inscribe en un contexto más amplio. “Estamos atravesando un avance de las derechas que impacta especialmente sobre los territorios y sobre los territorios-cuerpos de mujeres y disidencias. Esto forma parte de una política. De hecho, se está encubriendo mucho de lo que ocurrió en el caso de Agostina, y eso no está desconectado”, afirmó.
Paula describió que en ambos casos existen “instituciones que deberían garantizar justicia y no lo hacen. No cuidan a las víctimas ni a sus familias, muchas veces no reciben las denuncias y, en el caso de la familia de Mabel, el manoseo ha sido constante”.
Durante el juicio, familiares y allegados describieron múltiples conductas violentas de Linco: perseguía a Mabel, controlaba su teléfono celular, la agredía verbalmente y la fue aislando progresivamente de su entorno. “Por eso es tan importante hablar de estas situaciones. Hay señales que pueden alertarnos y que van construyendo el camino que termina en un femicidio”, remarcó.
Finalmente, Paula aseguró que este reclamo no es sólo de la familia, o de las mujeres: “Como pueblo necesitamos que se entienda que asesinar a una mujer es un delito que no puede tolerar la prisión domiciliaria”, concluyó.
Mientras las familias de las víctimas reclaman justicia, la pregunta sigue abierta: cuántas alertas ignoradas, cuántas denuncias desoídas y cuántos beneficios concedidos serán necesarios antes de que el sistema asuma el costo de sus propias decisiones.
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