Franco Oscari, un joven campesino de Jujuy, se encuentra preso desde hace más de una semana acusado de amenazas a la senadora Patricia Bullrich. Durante varios momentos estuvo incomunicado y sin que su familia supiera dónde estaba. Franco y su mamá Alicia son defensores del bosque nativo y están luchando contra la minera Mom Mining.
Eran las 5 de la mañana y todavía no había amanecido cuando efectivos de la Policía Federal -llegados en avión hasta Jujuy- llegaron a la casa de Franco Oscari, en el Paraje Las Goteras, una zona rural del departamento de Santa Bárbara. Sin explicar nada, los policías obligaron a tirarse en el suelo a toda la familia, secuestraron dos celulares y detuvieron a Franco. Primero lo llevaron a Jujuy capital, un viaje que demoró varias horas.
“Cuando nos avisaron no entendíamos qué pasaba porque hay un conflicto de tierras ahí pero no sabíamos si la detención tenía que ver con eso. Nos desconcertaba la presencia de la Policía Federal hasta que dimos con una cédula que le habían dejado en el Paraje y vimos que se trataba de una causa en Buenos Aires”, cuenta a Después de la Deriva María José Castillo, la abogada de Franco.
Y continúa: “Logramos que una colega, Elizabeth Gómez Alcorta, fuera al juzgado de Ariel Lijo que era de dónde venía la cédula y ahí nos dicen que lo habían detenido porque se le imputaba haber amenazado a la senadora Patricia Bullrich por mensaje de Facebook”.
Durante días Franco fue trasladado sin que se brindara información ni a la familia ni a las abogadas. Primero se lo llevaron a la Unidad Operativa de Salta, luego a Tucumán, se lo intentó trasladar a Buenos Aires pero se lo devolvió a Jujuy, de nuevo a Salta y finalmente, el 1 de julio se ordenó su restitución a Jujuy. Todo esto casi sin contacto con su familia, sufriendo tortura psicólogica.
Si esto no es una dictadura, ¿qué es?
“Los diferentes traslados de Oscari, sin justificación razonable y atendible, por distintas sedes de la fuerza federal (…) podría constituir un agravamiento ilegítimo a las condiciones de su detención (…) de hecho, lo sucedido implica una restricción de la libertad ambulatoria asimilable a los traslados dispuestos por el Poder Ejecutivo en Estado de Sitio”.
El fragmento corresponde al texto de habeas corpus presentado el 29 de junio por el Fiscal General José Villalba pidiendo que Franco -que en ese momento estaba en Salta- sea trasladado a Jujuy y que la causa se radique en la Justicia Federal de Jujuy, en lugar de que sea llevada adelante por el juez Lijo (quien se encuentra en Buenos Aires).
“En Jujuy nos acostumbramos a un estado de excepción desde diciembre de 2015, cuando comenzaron a suceder cosas que no deberían pasar en un Estado de derecho. Pero la detención de Franco superó todo lo anterior porque se lo llevaron sin saber cuál iba a ser su destino y en varios momentos estuvo desaparecido”, describe Castillo.
La abogada explicó que para que se configure el delito de “amenaza” hay que demostrar que la persona realmente se sintió en peligro y resulta difícil imaginar que alguien de la envergadura de Patricia Bullrich pueda sentirse amenazada por un campesino que se encuentra a más de mil kilómetros.
“Como defensa primero tenemos que acreditar que existió ese hecho, es decir, si el mensaje salió del celular de Franco. Él sostiene que en un momento le informaron que su cuenta fue abierta desde Buenos Aires, pero no le dio importancia porque no es una persona que esté pendiente del teléfono, no tiene wifi, etc.”, detalla la abogada.
Pero lo central es otra cosa: “Lo que vamos plantear es que no se configuró el delito, porque se tiene que acreditar que la persona realmente se sintió amenazada y un funcionario público tiene que saber que por su cargo puede recibir mensajes de tipo amenazante pero que en realidad son críticas políticas. Esto hace que el tipo de delito no se configure. La asimetría de poder entre Patricia Bullrich y Franco es evidente”, asegura.
La defensa del territorio
Alicia Oscari -mamá de Franco- es una de las trece vecinas que el 17 de abril pasado presentó un amparo ambiental colectivo para evitar que la empresa minera Mom Mining continúe dañando el bosque nativo. Se trata de una empresa que explota cobre y lo exporta por Chile.
“Desde esa presentación, dos de los amparistas sufrieron hechos que les infundieron temor: el esposo de una amparista fue atropellado por una camioneta de la empresa Mom Mining y ahora detienen a Franco, que había estado además en las manifestaciones contra la minera”, cuenta Castillo.
El amparo ambiental fue presentado contra el Estado jujeño por “las graves irregularidades en la autorización del proyecto minero ‘Martín Bronce’”, y contra la empresa Mom Mining SRL (MOM), de capitales locales.
Además de la afectación ambiental, vecinos y vecinas denunciaron que “las autorizaciones fueron otorgadas con graves irregularidades, sin participación ciudadana real, sin audiencias públicas y con información incompleta o desactualizada”.
El amparo solicita como medida urgente, cautelar, la «suspensión inmediata del proyecto, la prohibición de desmontes y la protección efectiva del ambiente“.
“Cuando pude hablar con Franco me dijo que él no tiene miedo. Que lo que él está defendiendo es el territorio porque él es hijo de la tierra. Estamos seguras de que se logrará su excarcelación y sobreseimiento”, concluye Castillo.
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