Quebrada Alipán, a 20 kilómetros de la ciudad de La Rioja: zona de pedemonte serrano, alta sensibilidad hídrica, y escenario de dos intentos de la CNEA por avanzar con extracción de uranio. En 2013 y 2014, y de nuevo en 2021, la Asamblea Riojana Capital frenó el avance con acampes y cortes de ruta. Ana Radusky reconstruye esa historia en esta columna.

El nudo político es preciso: cuando el extractivismo tiene cara de multinacional, resulta más fácil de identificar. Cuando viene del Estado —con logo nacional y discurso de soberanía energética— se naturaliza. La CNEA no es garantía de seguridad; es Estado, pero Estado extractivista igual. Y la minería de uranio, advierten los vecinos, no es megaminería convencional: las voladuras liberan gases radiactivos, y los antecedentes de residuos abandonados sin remediación desde los años ’60 están ahí para probarlo.

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