El 8 de abril, la mayoría de los diputados votaron a favor de la modificación de la ley de glaciares. Así, vaciaron una ley que protegía infinidad de ecosistemas y la principal fuente de agua para un tercio del país. En esa votación, transformaron el inventario de glaciares y ambientes periglaciales del IANIGLA en una lista de opciones para las Corporaciones. Una votación que junto con la del Senado muestra el carácter de máscara de nuestra democracia.

¿Qué hay de real en esta democracia? Una audiencia pública no vinculante y en la que aun así solo se le permitió participar al 0.4% de personas inscriptas. Una audiencia pública que nunca fue concretada proscribiendo a más de 100 mil personas. Información relevante en la materia que nunca fue considerada para la votación. Ocultamiento de información importante en términos ambientales y sanitarios. Lista de legisladores con compromisos directos con las Corporaciones. Estudios de impacto ambiental que jamás han frenado verdaderamente a los proyectos mineros. Falta de balance de los proyectos que ya están en desarrollo en provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Santa Cruz, entre otras. Violaciones constitucionales y de los acuerdos internacionales. Todo expuesto a la vista de 46 millones de habitantes de este país.

El vaciamiento de la ley de glaciares requiere también un breve contexto nacional e internacional. El gobierno de Javier Milei y sus aliados provinciales han decidido jugar todo a la tríada minería-hidrocarburos-financieras con una serie de modificaciones que lo garanticen: el Régimen de Inversión para las Grandes Empresas (RIGI); los innumerables decretos de necesidad y urgencia, la Ley Bases y el DNU 70/23 que ataron de pies y manos al pueblo; la reforma laboral; la baja en la edad de imputabilidad y la aprobación de la megaminería en Mendoza. Instancias judiciales que continúan presentándose pero que hasta aquí no hay podido poner obstáculos al avasallamiento. Un modelo de depredación corporativa y financiera que no se trata de un escenario únicamente de Argentina, pues podemos reconocer la aceleración de despojos, genocidios y guerras en diferentes territorios en el mundo. Recordemos por ejemplo el papel de la empresa israelí Mekorot justamente en las provincias en las que se expande la megaminería. El cobre que no cesa de aumentar su precio internacional, entre otros asuntos, por los negocios de la inteligencia artificial y las guerras. Todo un mismo plan.   

Pero no hubo solo eso, también se dio una enorme respuesta social. Centenas de organizaciones, colectivos, asambleas y habitantes de todo el país crecieron en su organización. Más de 100 mil personas inscriptas en la audiencia pública proscripta. Un cerco mediático vulnerado nacional e internacional. Una información que llegó a instancias mundiales. Una campaña plurinacional que logró interpelar también a las grandes urbes. Una conciencia social y la necesidad de organizarse en comunidad también. Un escenario represivo que continúa intensificándose, con los ejemplos de Buenos Aires y Mendoza como territorios a aleccionar pero que siguen de pie en cada instancia que pretenden instalarse en su territorio. Y aunque Mendoza sea uno de los epicentros de los intereses del poder, por supuesto que no es la única. El escenario también vaticina que es probable que buscarán avanzar en breve sobre Chubut. Y, claro, también intentarán hacer lo propio sobre el resto de las provincias que tengan en sus territorios oro, plata, uranio, tierras raras, litio, cobre y la lista sigue. El vaciamiento de la ley de glaciares golpea en este sentido. Y entonces: ¿Cómo seguimos?

Primero lo obvio. Cuando hablamos de agua, de salud, de vida la única opción es continuar. Sin embargo, me detengo un instante: es preciso mirar de frente esta derrota, lo que no significa que en el futuro no se pueda revertir, Derrota y derrotismo son palabras distintas, por suerte tenemos un lenguaje rico. El escenario del día después de la votación llama a lo primero, aunque jamás a bajar los brazos. En qué dirección nos moveremos: urge el trabajo articulado entre diferentes activismos. Resulta preciso caminar junto con laburantes, organismos de derechos humanos, pueblos originarios, jubilados y jubiladas, trabajadores de salud y educación, estudiantes, feminismos. Y se trata de algo más. Arriesgarnos a inventar. Inventar para arriesgarnos. Si necesitamos referencias cuantitativas, ese número de más de 100 mil personas inscriptas en la audiencia pública puede darnos evidencia de que muchas comunidades en todo el país están incorporando como propia la pregunta por el agua, el aire y la tierra. El movimiento socioambiental llegó a esta instancia luego de décadas de caminos diversos y fundamentales. Resulta preciso confiar en el camino recorrido y en los pueblos que habitan cada territorio.

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