En esta emisión de El Desconcierto, conversamos con Marisa Graham, abogada y hasta hace muy poco titular de La Defe, la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hasta el miércoles 28 de mayo, para ser precisos, día en que la Comisión Bicameral encargada de renovar su mandato —o al menos llamar a concurso para cubrir el cargo— no se reunió. Desde entonces, la Defensoría está acéfala. Es decir: vacía. Sin conducción. Sin quien vele, desde el Estado, por los derechos de quienes más necesitan protección.

Marisa lo dijo con claridad: “A ningún gobierno le gusta que lo controlen, menos a este”. Y ahí está el meollo. Porque la Defensoría no es un adorno institucional ni una oficina más: es un organismo autónomo que debe garantizar que se respeten los derechos de las infancias en todo el país. Que hoy esté vacía no es casualidad ni negligencia: es una decisión política. Una más entre tantas que vienen desdibujando, ignorando o directamente vulnerando los derechos de los sectores más frágiles.

La voz de Marisa, serena pero firme, deja al descubierto una verdad incómoda: este gobierno, que llegó con discursos de libertad, demuestra cada día su incomodidad con los mecanismos de control democrático. Mientras se desmantelan políticas públicas, se diluyen responsabilidades institucionales y se promueve una lógica de sálvese quien pueda, las infancias quedan en el último renglón.

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